DOS A FAVOR DE LAS CLASES POPULARES

En medio del “tira y afloje” entre el poder que gobernó los últimos cuatro años y el gobierno de Alberto Fernández, cuyo respaldo popular todavía se mantiene intacto, pueden destacarse dos triunfos ineluctables:

El arreglo con los tenedores de bonos de la deuda y en haber declarado como “servicio público” la telefonía celular, Internet y la televisión paga.

Con el primero la oposición intentó minimizar el logro con opiniones bizarras.

Con el segundo estalló de rabia con patéticos slogans ya repetidos hasta el hartazgo: ¡Vamos camino a Venezuela!, ¡Es un decreto inconstitucional! y “no sé de que se trata específicamente pero me opongo”.

La medida acompaña, sin duda, los cambios tecnológicos en el mundo.

Hoy, tener un acceso igualitario a bajo costo al denominado “cuádruple play” es fundamental porque favorece el teletrabajo, la telemedicina, la educación a través de la conectividad y el acceso de toda la población a la cultura.

Hasta ahora Clarín, con una ganancia de 237 mil millones de pesos, concentraba la totalidad del servicio y con semejante ganancia jamás invirtió en beneficio para los usuarios ni para una mayor conectividad.

Inclusive se daba el lujo de regalar el servicio en localidades pequeñas para destruir la competencia que podían darle las sacrificadas cooperativas.

Esta descomunal ganancia de Clarín (apoyándose en el valor dólar), multiplicada por el aumento del consumo durante la pandemia ha sido fruto de manejar tarifas en dólares por cuatro años sin intentar siquiera la mínima posibilitad de acceso a los sectores populares.

El primer instrumento según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020 es la suspensión de aumentos de dichos servicios hasta el 31 de diciembre, dado que las prestadoras los habían anunciado e incluso varias llegaron a enviar facturas con nuevas tarifas para pagar en septiembre.

El presidente recibió durante la semana a empresarios del sector para disuadirlos de que no aumentaran las tarifas hasta más adelante. Los empresarios se negaron rotundamente haciendo alarde de su poder cuasi imperial.

Al decretarse servicio público este pasa a la órbita de los derechos humanos, de manera tal que no puede aumentarse arbitrariamente ya que tiene, al igual que las prepagas, un tope máximo.

Cabe aclarar que los precios no se congelan eternamente pero eventuales futuras subas deberán ser aprobadas por el Estado.

A pesar que a un amplio porcentaje de argentinos les suele molestar la palabra “justicia social”, esta decisión del gobierno  por fin incorpora una medida acorde a la masa de la mayoría de los argentinos que votaron un cambio de rumbo.

El derecho a una prestación “básica, universal y obligatoria para los que menos tienen” implica el acceso a bienes indispensables que en el siglo XXI constituye una de las claves del progreso y de la inclusión social.

La única trinchera  que existe en democracia para discutir cualquier discrepancia con esta medida es el parlamento.

Aunque sabemos que como siempre, para una oposición que aún no acepta que perdió las elecciones presidenciales, la única trinchera que conoce es el eterno y patético pedido de socorro de la justicia federal.

Alejandro Lamaisón