AUTONOMÍA LIMITADA

El año pasado, en un claro ejemplo de autonomía e independencia, Bolivia le devolvió al Fondo Monetario Internacional un oneroso crédito contraído irregularmente por el gobierno de facto de Jeanine Áñez  por  un monto de 351,5 millones de dólares.

Si para este pequeño país latinoamericano ese préstamo era excesivo y comprometía su futuro, ¿Cuál sería el  monto que complicaría las expectativas de un país como Argentina, cuyo PBI estaría en ubicado en tercer lugar en América Latina?

10.000 sería un obstáculo para el desarrollo.

30.000 un condicionamiento durante varios años a las decisiones del Fondo, pero…

¡57.100 millones de dólares, aceptando una mayor tasa de interés por haber recibido un monto que superaba su cuota dentro del organismo multilateral es directamente haber inventado una nueva teoría del caos!

Aun llegando al mejor acuerdo de la historia con el FMI, pagar las cuotas correspondientes a su vencimiento es de una fantasía tan alucinante que ni siquiera la mente de Tolkien podría imaginar tal delirio.

La Argentina tiene que pagar al FMI en 2022, entre capital e intereses, 19.000 millones de dólares correspondientes a la deuda pública, más 9000 millones correspondientes a la deuda de empresas privadas y 20.000 millones en el 2023, más 10.000 millones de las empresas privadas.

Cabe aclarar que dichas empresas, entre las que se encuentran Arcor, Techint y Molinos Río de la Plata, entre otras, son las que compraron los dólares para fugarlos.

Dejando de lado la potencial investigación que se realice para determinar la legalidad de éste préstamo colosal, no hay duda que su otorgamiento no fue sólo para financiar la campaña del “gran entregador de Argentina”, sino que su objetivo fue fundamentalmente geopolítico para imponer acciones a nuestro país e intervenir fuertemente en su relación comercial con China.

La idea fue que no sólo este gobierno quedara condicionado para realizar inversiones con el país que le plazca, sino también aquellos que lo sucedan y por varias generaciones.

En tal sentido, Argentina sería punta de lanza y víctima ejemplificadora para todos los países latinoamericanos que han virado a la izquierda o al progresismo; una advertencia de lo que puede acontecerle a Chile, Bolivia, Perú y quizá a Brasil si vuelve Lula.

TODOS POR LA AUTONOMÍA

Ningún acuerdo con el FMI es bueno, salvo el que hizo Néstor Kirchner cuando saldó el total de la deuda y revalorizó el verdadero significado de autonomía, aquella que fue herida de muerte en 1955 con un bombardeo criminal a la población civil y hoy regresa aclamado por ese mismo pueblo a través de las urnas.  

Resulta de una puerilidad inusitada suponer que en una negociación asimétrica como la que está llevando a cabo Guzmán con el FMI, un punto más o menos de interés puede cambiar el aciago destino de un país sudamericano cuya población aún sigue confiando en quien la endeudó para toda la vida.

La deuda con el Fondo es ilegítima, pero legal y fue creada a sólo fin de satisfacer intereses geopolíticos en el actual teatro de operaciones global, en el que la tríada Estados Unidos, China y Rusia pelean su batalla comercial sin importarles la vida y la muerte de millones de personas.

En este contexto, la forma de presionar a nuestro país para llegar a un arreglo urgente con el organismo acreedor  es la que siempre se utilizó desde que estuvimos sometidos a este tipo de endeudamiento: Operaciones  con el dólar marginal, con el contado con liquidación, con el dólar bolsa (MEP),  con golpes de mercado  o con trabas a la importación de insumos.

Además, existen los operadores internos -verbigracia: No existe neoliberalismo y endeudamiento sin traidores a la patria- tales como los operadores mediáticos y judiciales, que a través noticias falsas y guerras judiciales presionan al gobierno de turno para que accedan a la voluntad del poder financiero internacional.

A partir del 10 de diciembre de 2019, el gobierno argentino aceptó la legalidad de la deuda efectuando los primeros pagos e intentando negociar a futuro, por lo tanto ya no puede retroceder.

En este sentido, deberíamos entre la población, los movimientos sociales, las PyMEs y los sindicatos animar al gobierno a patear la pelota para adelante, pues todos nos veríamos seriamente afectados por el ajuste fiscal y la devaluación que traerá aparejada el posible arreglo con el FMI.  

Y al paso en que vamos, quizá China sea quien decida cuándo y cómo debamos pagar nuestra deuda.

Alejandro Lamaisón