Justicia

LA JUSTICIA SEÑALADA CON EL DEDO

Si la sociedad argentina supiera las ventajas que implica la reforma judicial para la ampliación de sus derechos republicanos, todas las personas, sin banderías políticas ni ideológicas, estarían sin duda de acuerdo en apoyarla.

Incluso hasta aquellos que no se pierden ni una marcha en contra de Alberto Fernández o que odian a Cristina recibirían con beneplácito dicha reforma.

Si nunca se hicieron públicas y manifiestas estas bondades es porque históricamente siempre ha sido una situación sumamente cómoda para los gobiernos de turno tener jueces y fiscales amigos para aplicar muchas veces leyes o decretos reñidos con las necesidades o intereses del pueblo que los votó.

Una de las posibilidades que traería aparejada la reforma judicial es la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, que son las personas encargadas por el artículo 114 de la Constitución Nacional de seleccionar a los jueces y administrar el Poder Judicial. Si el pueblo de la Nación Argentina es el que elige al Presidente y a los miembros del Poder Legislativo, es también el que puede elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura. Esta forma de elección no está prohibida por el Art. 114 de la Constitución Nacional y nace del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno” (Artículo 33 de la Constitución Nacional).

De esta manera el presidente de la nación, por ejemplo, no tendría más injerencia que la que le brinda directamente el voto de las mayorías populares.

Hasta hoy, solamente el poder ejecutivo y el poder legislativo son los únicos elegidos por el voto del ciudadano.

En el caso del poder judicial no solamente sus miembros no son elegidos por el voto popular, sino también es el poder que más ha convivido con las dictaduras cívico-militares que han asolado nuestro país hasta 1983.

Precisamente, su alejamiento de los intereses de las clases populares ha sido tan manifiesto en los últimos años que Clarín y Techint han decidido que gobierne el poder judicial en lugar del Frente de Todos.

Esta omnipotencia cuasi imperial de Héctor Magnetto y Paolo Rocca siempre se hizo notar, pero fue el gobierno de Mauricio Macri el que les concedió un poder prácticamente absoluto.

Hoy cuenta con el aparato judicial a su disposición dado que Carlos Rosenkrantz, un ex abogado del grupo Clarín es actualmente nada menos que el presidente de la suprema corte de justicia.

La pugna entre el senado de mayoría oficialista y la Corte Suprema para decidir que Bruglia, Bertuzzi y Castelli vuelvan a sus despachos originales será la demostración más acabada para determinar si gobierna una democracia constitucional o una nobleza judicial sometida a los poderes fácticos de siempre.

Aunque para el ciudadano de a pie, el triunfo de una o de la otra no le garantizará casi nunca la plena vigencia de sus derechos constitucionales y principalmente humanos.

“La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes”.

Charles Bukowski (1920-1994) Escritor estadounidense

Alejandro Lamaisón

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