CUANDO LAS TOGAS SUSTITUYEN A LOS TANQUES

el Law Fare

LA JUDICIALIZACIÓN DE LA VIDA POLÍTICA PARA ENCARCELAR FUNCIONARIOS.

CULPABLE HASTA QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO

Las inverosímiles pruebas en las que se han basado jueces y fiscales para crear causas e incluso poner presos a funcionarios del gobierno peronista son de una magnitud tan amañada y desopilante que cuesta a veces creer que provienen de uno de los poderes más representativos de la república.

Todo vale y el fin justifica los medios.

Se filma un grupo de personas contando dinero en una oficina, los medios hegemónicos lo transmiten como si fuera “la rosadita” y ya tenemos una financiera encargada de blanquear las bolsas de dinero proveniente de la familia Kirchner.

Se manda a la cárcel a Milagro Sala acusada de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. Las pruebas: un BMW con millones de dólares adentro del baúl que, según estiman los jueces, era de Milagro. Las investigaciones demostraron que el automóvil pertenecía a Eduardo Camusso, un ex legislador jujeño que nada tenía que ver con Sala y que el dinero nunca existió.

Según una investigación de 2015, el hijo de la expresidenta Cristina Kirchner y la exministra de Defensa Nilda Garré tenían cuentas en una financiera norteamericana por 41.700.000 dólares. El departamento de justicia de Estados Unidos desmintió la operación, pero la campaña mediática de desprestigio y la persecución judicial hostigó al actual diputado durante cuatro años.

Un testigo asegura que, sentado en un bar escuchó una conversación proveniente de la mesa de al lado en la cual estaba sentada la ex pareja de Vandenbroele, Laura Muñoz. En la charla se oía a la dama alardear que su ex novio era el testaferro de Amado Boudou.

Pirincho Majul, mientras hacía running por los bosques de Palermo, es interceptado por una persona que sale de atrás de un árbol y le entrega un pendrive con escuchas secretas de Cristina.

El fiscal Stornelli asegura que muchas de las pruebas en contra de la ex presidenta las ha recibido por debajo de la puerta de su despacho y que al abrirla el denunciante anónimo había desaparecido.

Elisa Carrió fue un poco más lejos en la recolección de denuncias, ya que su informante era un sicario arrepentido que en sus buenos tiempos trabajó para Cristina Fernández.

Pero la madre de todas las causas, la que ha llevado a la cárcel a ex funcionarios y tiene como objetivo final poner presa a Cristina, es la causa de los cuadernos.

Un desconocido entrega al periodista Diego Cabot de La Nación seis de ocho fotocopias de cuadernos que escribió el chofer Oscar Centeno en los que se explicaban detalles de entregas de sobornos y otros actos de corrupción del gobierno Kirchnerista. El hecho adolece de dos  misterios sin resolver: No hay registros de cámaras de seguridad que verifiquen la entrega del material y los originales, quemados en un asado por Centeno, renacieron de las cenizas al ponerse en tela de juicio la idoneidad de Stornelli.

GOLPISTAS DE NUEVO CUÑO: EL LAW FARE

Así funciona un país en donde los poderes económicos, políticos y mediáticos están sumamente incómodos ante un potencial cúmulo de reformas que podría ejecutar un gobierno popular elegido por una mayoría de ciudadanos cansados de que se les mienta en la cara.

Estos poderes no han aceptado las reglas del juego democrático y ejercen su resistencia descarnada no a través del parlamento como correspondería en una verdadera república, sino a través de los juzgados.

Tómese un término que va a ser clave para explicar este dislate institucional: el ‘lawfare’ o guerra jurídica. Un neologismo inglés que viene de fusionar las palabras ‘law’ (ley) y ‘warfare’ (guerra).

Esa warfare consiste en judicializar la vida política para paralizar al Gobierno o dicho de otra manera, un intento de ganar en los tribunales lo que no se logró en las urnas.

Es una quiebra de la separación de poderes, donde el poder judicial se extralimita y asume funciones que no le corresponden, con el apoyo de los poderes económicos y de los medios de comunicación.

Esta estrategia golpista de nuevo cuño ya viene aplicándose a lo largo de la segunda década de este siglo en varios países latinoamericanos: Zelaya en Honduras fue destituido; el vicepresidente Glass de Ecuador fue preso; Raúl Séndic, vicepresidente de Uruguay fue renunciado; Maduro demonizado hasta la locura; Correa perseguido por cargos inverosímiles; Cristina con ocho procesamientos al hilo; Evo Morales destituido acusado de corrupción y de negar un hijo que no fue; y otros similares en diferentes países del Caribe.

En nuestro país, la justicia, en complicidad con los medios de comunicación, no ha podido aún dañar al gobierno de la forma que los grupos concentrados de poder quisieran, pero en eso están y saben hacerlo muy bien.

Y si el presidente, con el apoyo de los sindicatos, de los gobernadores, de todo el arco del peronismo y del 48 por ciento de los argentinos que lo votó no los frena a tiempo, el triunfo de la derecha más despiadada y expoliadora de los últimos años será inevitable.

Alejandro Lamaisón

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