Desquicio de la Justicia

Desde que el presidente Alberto Fernández decidió enviar al congreso un proyecto de ley en el que se propone de manera urgente la reforma de la justicia, la prensa concentrada está que trina ya que uno de los temas que saldrán a la luz nuevamente será la Ley de Medios.

La libertad de expresión no sólo es la cuarta pata que sostiene el funcionamiento aceitado de la república, sino que representa uno de los poderes más importantes para la transparencia del sistema democrático.

Lamentablemente, con el correr de los años, esta perfecta balanza de cuatro pesas ha sufrido algunos desperfectos que hace que los niveles se inclinen a veces para un lado y a veces para el otro, pero nunca para el de las mayorías populares.

No solo el sistema de medios merece ser revisado dentro de la ley, sino también la convergencia de éstos con las telecomunicaciones, internet, etc., básicamente, porque no respetan el artículo 42 de la Constitución Nacional.

La Ley suprema dice que los mercados no deben ser distorsionados por la posición dominante de uno sólo que marque las reglas del juego al resto. Y en buena parte de nuestro ecosistema de comunicaciones, hay uno que hace precisamente esto, es decir,  concentra todo el poder mediático y económico.

La reforma de la justicia es uno de los temas pendientes que fue cajoneado por el gobierno de Mauricio Macri ante el desquicio del nombramiento de jueces durante su gestión con el propósito de que el Poder Judicial avalara todas las tropelías ejecutadas durante su depredadora gestión.

El artículo 99 de la Constitución Nacional establece que el nombramiento de jueces, camaristas, fiscales o defensores se debe hacer a propuesta del Poder Ejecutivo, quien elige dentro de una terna vinculante (previamente concursada) que le envía el Consejo de la Magistratura. También agrega que dicha terna será girada al Senado para que, en sesión pública realice el dictamen favorable de acuerdo a la idoneidad de los candidatos.

Durante el período de Cambiemos se nombraba a jueces sin siquiera haber concursado por el cargo, directamente con acuerdo del Senado. A veces hasta se pasaban jueces a camaristas sin siquiera haber tenido acuerdo del Senado.

Si se logra el dictamen favorable para tratar dicho proyecto, la incorporación de jueces probos y el distanciamiento de estos del poder político y mediático, quizá se pueda retomar la lucha a favor de la república y del verdadero funcionamiento de las instituciones.

Pero mientras un medio de comunicación súper poderoso, con la capacidad de enfrentar a través del odio a todos los argentinos siga operando a favor de sí mismo y del establishment, la balanza de la justicia seguirá desequilibrada. Eso sí, siempre con la inclinación hacia el lado fáctico del poder.

Alejandro Lamaisón