DNU PARA TODXS

Ni bien asumió Macri en diciembre de 2015, aprovechando el receso parlamentario, en los primeros tres meses de gobierno el nuevo presidente cambió el mundo a través de decretos de necesidad y urgencia.

Tramposo pero legal y útil para imponer todo tipo de cambios a favor de los grupos económicos que se apoderaban rápidamente de los principales ministerios del gobierno, los DNU comenzaron a firmarse a lo pavote:

Se modificaron aspectos tributarios, se dio marcha atrás con un DNU de su antecesora Cristina Fernández de Kirchner que obligaba a devolver dinero a las provincias, se suspendió la aplicación del Código Procesal Penal (CPP) y se puso las escuchas telefónicas judiciales en manos de la Corte Suprema, entre muchas otras medidas.

Los dos DNU más polémicos de Macri fueron el nombramiento de dos nuevos miembros de la Corte Suprema y otro que modificó la Ley de Medios aprobada durante la gestión de Cristina Fernández.

En sólo tres meses el gobierno realizó 8.000 despidos en la administración pública y la revisión de unas 24.000 contrataciones sin ningún tipo de miramiento. Tan abrupta fue la medida que a muchas personas que llevaban años trabajando para el Estado se les impidió ingresar a su trabajo por medio de guardias de seguridad.

En este mismo período decretó el “tarifazo” eliminando los subsidios a la energía, con lo cual los servicios de luz, gas, electricidad y hasta las naftas aumentaron más del 3.600 por ciento.

En tan sólo 90 días de gobierno destaparon champagne con los acreedores de bonos soberanos argentinos (holdouts), llamados  fondos buitres, para festejar el pago completo de su deuda.

En menos de tres meses, Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru y exdiputada provincial, quien en diciembre había sido elegida diputada del Parlasur (el Parlamento del Mercosur), fue detenida por el gobernador de Jujuy con el apoyo incondicional de Macri.

Sus miles de simpatizantes aún claman por su liberación, ya que ayudó a los sectores más desprotegidos de la sociedad jujeña, en particular a los indígenas, a través de su agrupación estatal para la construcción de viviendas.

En el peor momento del número de contagios por el Covid 19, con una oposición parlamentaria destituyente, con un monopolio comunicacional golpista y una justicia que obedece en sus fallos al establishment, el presidente Alberto Fernández sostiene que no quiere ser Mauricio Macri y se niega rotundamente a utilizar los DNU.

Todos sabemos que Fernández no es Macri, pues sería muy difícil encontrar una persona de una bajeza moral e intelectual tan grande como para igualar al ex presidente.

Sosteniendo esta idea, Alberto Fernández ha optado por elevar el sentido del republicanismo a la máxima expresión, enviando al congreso todas las leyes que sean necesarias  para sanear la economía, recomponer la justicia y solicitar un aporte a los grupos concentrados para paliar la crisis.

Hasta se presentó espontáneamente en el coloquio de IDEA para ratificar su compromiso con la inversión privada y alejar la posibilidad de una fuerte devaluación del peso para achicar la brecha con la cotización del dólar paralelo.

Pero nada cambió.

Pasaron diez meses de gobierno y esta demostración de pureza en el manejo de las instituciones republicanas no sólo fue ignorada por la oposición, sino que ésta ha redoblado su poder destituyente con una furia descomunal.

¿Es posible seguir “hablando con el corazón para que te contesten con el bolsillo”? ¿Hasta cuándo es necesario seguir poniendo la otra mejilla?

Si un gobierno de malhechores  pudo transferir la riqueza de la mayoría de los ciudadanos a sus propias arcas en sólo tres meses, ¿no es hora de emitir un DNU, aunque sea de ética dudosa pero totalmente legal para intentar recuperarla?

Si por alguna casualidad Alberto Fernández lo emitiera, este 17 de octubre, en conmemoración del “Día de la Lealtad”, todo el pueblo trabajador estaremos presente para felicitar al presidente por su decisión, digna del legado de justicia social  que nos dejaron Evita y Perón.

Alejandro Lamaisón