Espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri

Espionaje ilegal en la era Macri

Protestar para tapar

En la agenda de los medios de comunicación “importantes” el tema Vicentin ha ocupado casi el mismo nivel de importancia que el temible récord de fallecidos por covid-19.

Con su característico espíritu modelador del sentido común dichos medios denuncian el atropello institucional, la violación a la constitución y el retroceso republicano que representa la expropiación de una empresa que representa el espíritu emprendedor de nuestros dignísimos y honrados empresarios vernáculos.

Machacan hasta el cansancio que el Frente de Todos se quiere quedar con la mayoría de los sectores más productivos del país para llevarnos indefectiblemente al modelo venezolano o al stalinismo ruso encarnado en la figura de Fernández.

La realidad (cosa que no importa para los medios) es que Vicentin es una gigantesca empresa cuyos dueños fueron los mayores aportantes durante la campaña de Macri para que éste, al finalizar su mandato, le otorgara el beneficio de pedir plata a lo pavote para hacer con ella lo que quisiera. Cabe aclarar que días antes de decretar la quiebra, esta empresa vendió el diecisiete por ciento de sus acciones y escondió el dinero para no pagar a los acreedores.

Con su manejo del discurso, los medios hegemónicos nos piden que hoy “todos seamos Vicentin” y convocan a defender a la empresa con protestas callejeras.

Una vez más podemos observar cómo la gente protesta en contra de sus propios intereses y necesidades, dado que la nacionalización de una empresa de tal envergadura implicaría una positiva regulación de precios en el mercado alimentario.

Pero nada es inocente.

La realidad es que con este tema se pretende opacar el mayor suceso de corrupción implementado por el gobierno de la alianza cambiemos: el del espionaje ilegal.

La mafia del espionaje

Precisamente este hecho debe ocultarse de manera urgente ya que ni siquiera es una presunción de delito, sino que hay pruebas suficientes como para meter preso hasta al perrito Balcarce.

Las escuchas ilegales representan unos de los delitos más sutiles, ya que cabalgan entre la legalidad e ilegalidad. Financiada por el poder del estado en alianza con jueces corruptos y los medios de comunicación monopólicos se abroquelan en la ambigüedad de una dudosa intención de combatir la corrupción, mientras que ellos mismos son los que degradan la institucionalidad de la república.

Este espionaje corrupto es legal porque las personas que lo llevan a acabo son empleados públicos, pero es ilegal dado que no existen pruebas de mediar orden judicial alguna, lo que representa, en definitiva, el modus operandi de una organización mafiosa.

La mafia, como en todos los países del mundo, siempre utilizó esta herramienta de espiar a sus víctimas para luego extorsionarlas y de esa manera adquirir un poder absoluto. Esa misma estrategia, con toda la perversidad que representa ser ejercida por el estado, fue la que aplicó la tríada gobierno, mesa judicial y medios de comunicación durante el gobierno macrista.

En conclusión, dado que el caso Nisman se les ha desgastado considerablemente y si bien es importante el tema Vicentin, no nos dejemos bloquear la capacidad de reaccionar y de pensar con cabeza propia. Debemos repudiar con todas las fuerzas la aberración total que representa un estado que, en vez de cuidar y servir se dedica a espiar y perseguir a sus habitantes.

La violencia institucional y el retroceso histórico que acarrea esta alteración de las libertades individuales podría ser el huevo de la serpiente de uno de los peores sucesos que vivió el país en los últimos años y que aún tiene secuelas en el cuerpo y el alma de muchos argentinos y de no pocas bellas ancianas de pañuelo blanco.

Digámosle NUNCA MÁS al espionaje ilegal.

Alejandro Lamaisón

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