EL RELATO DE LA SOBERANÍA NACIONAL
Hemos caído muy bajo en lo que respecta a la soberanía nacional.
El pueblo argentino se hunde por debajo de la línea de pobreza, mientras que los gobernantes se despeñan por debajo de la línea de la moral.
Durante la dictadura militar en la década del 70 había 6 % de pobreza. Medio siglo después alcanzamos el 54%.
¿De qué soberanía me hablan cuando una perversa asociación de bandoleros inescrupulosos endeudó al país a cien años con un pasivo tan descomunal que la sumatoria de la deuda los cinco países más endeudados de la tierra no alcanzaría a cubrir el total de la deuda adquirida?
¿Qué independencia puede existir cuando de las 148 empresas públicas bajo el control del Estado nacional y 149 bajo control de Estados provinciales, municipales y mixtas que existían en 1976 sólo quedan 15 en funcionamiento, la mayoría multinacionales?
¿Cómo puede emanciparse un país cuya vía más importante de salida de sus productos al mundo está manejada por empresas privadas, casi todas de origen extranjero y el contrabando de exportaciones de mineras, agro-industria, carnes, pesca, combustibles y otros ronda los U$S 30.000 millones por año?
Según una investigación realizada por la socióloga y ensayista Alcira Argumedo la minera canadiense La Alumbrera, que declara exportar oro, cobre y molibdeno, olvidó declarar las exportaciones de cromo, titanio, circonio, cerio, cobalto, cesio, hafnio, lantano, lutecio, columbio, níquel, escandio, tantalio, terbio, torio, uranio, tungsteno, ytrio e iterbio, obtenidos en la explotación de los tres primeros, únicos declarados con fines tributarios.
De esta manera dicha empresa fuga más de 8.000 millones de dólares al año en minerales preciosos, sumado a los cargamentos de soja ilegales decomisados en los últimos meses, que se dirigían a Paraguay y Brasil, para evitar el pago de las retenciones.
Si hubiera voluntad política para parar este sangrado, en poco más de un año se pagaría la deuda externa.
El 26 de noviembre Alberto Fernández firmó el decreto 949/20 en el que dispone el llamado a licitación pública para la realización de obras con peaje en la denominada Hidrovía.
La actual traza que se someterá a licitación se encuentra concesionada a la empresa belga Jan de Nul y a la argentina EMEPA S.A. desde 1995 cuando gobernaba Carlos Menem.
El decreto también incluye llevar adelante nuevas obras para mejorar la navegación y la ampliación de otros tramos -por ejemplo el canal Magdalena– que podrían licitarse juntos o separados.
Nadie sabe qué pasará cuando las empresas comiencen a hacer lobby y el gobierno deba decidir entre tomar una medida de corte nacional y popular o ceder ante las presiones del establishment (como sucedió con Vicentin).
Si a pesar de este inmoral drenaje de divisas el Estado no se hace cargo de la administración de la Hidrovía, al menos debería fortalecer los controles en los 30 puertos en los que se despacha el 80 % de las exportaciones nacionales (Prefectura Naval, Gendarmería, AFI, Ministerio de Transporte, etc.).
Hay pruebas fehacientes de que la mayoría del contrabando se efectúa reemplazando el espacio de agua que queda debajo de la línea de flotación con granos, minerales y cualquier otro tipo de elemento susceptible de traficar.
En abril vence el plazo de la concesión.
Será la última oportunidad que tenderemos los argentinos de revalorizar y darle sentido al relato que nuestros próceres nos legaron resumido en las bellas estrofas del himno nacional: “Oíd el ruido de rotas cadenas…”.
De no ser así, sólo será una mentira más, otro relato que se cae bajo el peso de los poderes fácticos.
O quizá, cómo en Macbeth de Shakespeare, sólo será el burdo guion de una obra teatral en la que el pueblo argentino es el actor, “un pobre actor que se contonea y consume su hora en la escena y luego no se le escucha más… un cuento narrado por un idiota lleno de ruido y furia, que nada significa”.
Alejandro Lamaisón
