EN BÚSQUEDA DE LA JUSTICIA PERDIDA

El día en que el proyecto de reforma judicial pueda ser tratado seriamente en la Cámara de Diputados, cuyo cronograma de debate se prevé para la próxima semana en el Plenario de Comisiones, saldrá a la luz un “verdadero plan sistemático y estructural de cooptación del Poder Judicial argentino para instaurar un poder judicial a la carta”.

Así definió el doctor Eugenio Zaffaroni a la actual estructura judicial argentina desde que el presidente Mauricio Macri asumió el poder en 2016, la cual implica graves violaciones a los derechos humanos, pone en crisis el Estado de derecho  y en riesgo al propio sistema democrático.

El objetivo de la alianza Cambiemos fue siempre encontrar un respaldo punitivo a decisiones políticas que sin ese escudo judicial, serían inviables.

El primero fue sentar las bases para obtener la impunidad del clan Macri en sus negocios con el Estado.

El segundo fue lograr un marco de legalidad para sostener políticas neoliberales violatorias de derechos laborales, jubilatorios, económicos, sociales y culturales de los argentinos.

El tercero y el más rápido en aplicar fue la persecución penal y la proscripción política de los opositores al gobierno, ya sean líderes políticos, referentes de organizaciones sociales, instituciones opositoras y especialmente a la familia Kirchner.

Cabe aclarar que este minucioso trabajo de la coalición Cambiemos no hubiese sido posible sin el apoyo incondicional de los medios de comunicación hegemónicos en la conformación de una opinión pública que permitió alegremente que las violaciones a los derechos humanos tuvieran lugar.

Todos los sistemas judiciales del mundo se basan en tres categorías analíticas:

a) La independencia de los poderes políticos y económicos

b) La capacidad, que se refiere tanto a la facultad de asignar recursos necesarios para su funcionamiento como a la idoneidad intelectual de las personas seleccionadas para ocupar las fiscalías y las defensorías.

c) La legitimidad en tanto discurso público independiente e imparcial, sin distorsiones de poderes fácticos (políticos, mediáticos y económicos) que afecten la razón y la sana lógica de las sentencias.

Estas tres tipificaciones fueron violadas sistemáticamente por el gobierno del Pro,  a través de expresiones intimidatorias directas e indirectas de actuaciones ante los órganos de enjuiciamiento de magistrados y de la deshonra pública mediante el escarnio mediático.

También a través de la manipulación de la situación económica de la justicia modificando la asignación de partidas presupuestarias, removiendo funcionarios encargados de administrar las finanzas, como modo de represalia ante fallos adversos a los intereses de Macri.

Sólo si se realiza una discusión madura y bajo las garantías que brinda el libre funcionamiento de las instituciones republicanas  podrá restituirse nuevamente el estado de derecho que votamos la mayoría de los argentinos hace solamente nueve meses.

Y aquellos diputados que busquen excusas desopilantes para evadir el tratamiento de la reforma, deberán asumir de una vez por todas que el tolerante viento perfumado de la impunidad, ya dejó de soplar a su favor.

Alejandro Lamaisón