LA ASOMBROSA OBSCENIDAD DE LA AVARICIA

Tuvieron que pasar nueve meses de pandemia para que el Congreso se dignara a tratar el aporte extraordinario a las grandes fortunas, un proyecto presentado por Carlos Heller y Máximo Kirchner en sucesivos debates en Comisión para que los sectores opositores presentaran alternativas.

Nunca lo hicieron ni hubo propuestas de modificaciones estructurales, por lo que el proyecto tuvo una acalorada discusión que duró hasta las tres y media de la mañana en la que el oficialismo alcanzó los 133 votos positivos a la hora de cerrar el debate frente a los 115 diputados que se opusieron y los 2 que se abstuvieron.

Como siempre, la izquierda se abstuvo con un argumento totalmente legítimo y real, pero imposible de llevar a la práctica, situación que la lleva siempre a objetar con demasiada vehemencia y en este exceso de pasión se pasa de vuelta. Transforma los 180 grados en 360 y se ubica exactamente al lado de la oposición.

El resultado del debate fue recaudatorio, pero la discusión en el Congreso mantuvo un tinte absolutamente ideológico, ya que algunos lo consideraron un impuesto más del que hay que zafar por todos los medios o de lo contrario “harán que todas las empresas se vayan del país”.

En primer lugar es falso que se lo considere un impuesto o un tributo porque se trata de una decisión extraordinaria para un momento extraordinario en el que el planeta está transitando la peor crisis de los últimos 100 años.

Sólo se trata de inducir a las nueve mil personas que más tienen en la Argentina, con patrimonios superiores a los doscientos millones de pesos (no de sus empresas ni sociedades, sino de lo que ellos tienen personalmente) a que hagan solidariamente un pequeño aporte para morigerar el impacto de una situación anómala.

Alguien dijo que si les pedían esa contribución como limosna la darían sin discutir, ya que, simbólicamente,  forma parte de su conciencia de clase. Y no estaría tan alejado de la realidad dado su sentimiento de superioridad y desprecio por las clases populares.

El aporte alcanzará a un universo potencial de 9298 personas, según datos de AFIP. Así, con el aporte del 0,02 por ciento de la población el Estado buscará recaudar 307 mil millones de pesos.

Esta vergonzante inequidad en la distribución de la riqueza replica una lógica que se da en todo el mundo: el 1 por ciento de la población tiene el 50 % de la riqueza de todo el planeta.

Es tan inmoral y ofensivo que no requiere análisis alguno, aunque la oposición argumenta que la desigualdad es culpa de los pobres, ya que “hay gente que no le gusta laburar, porque si laburara podría hacer la misma fortuna que ellos”.

Esta falacia se demuestra con la simple experiencia de que el que trabaja y se rompe el alma para llegar nunca lo logra, dado que siempre se arranca la carrera en posiciones muy distintas o desventajosas.

También argumentaron que si generan un nuevo impuesto a las grandes fortunas nadie querrá invertir en el país y las empresas se marcharían inmediatamente.

Once meses atrás, durante cuatro años, gobernó un proyecto de país que bajó el gravamen a los bienes personales, bajó el impuesto de los más ricos casi a la mitad y permitió a las multinacionales llevarse a sus respectivos países las ganancias a través de la fuga de capitales.

El resultado fue que no sólo no vinieron más inversiones, sino que se cerraron empresas y se generó el mayor desempleo de los últimos años.

Bajar impuestos generó exactamente el efecto contrario y estos errores son elementos que deberán tratarse en futuras discusiones parlamentarias cuando se traten políticas recaudatorias.

No hay duda de que este proyecto será aprobado también en el senado, pero su implementación tardará mucho tiempo en aplicarse, dado que es casi un hecho que será judicializado.

Y, al igual que Vicentin, algún juez de primera instancia de algún pueblo se hará cargo de retardar su aplicación hasta que, cuando llegue finalmente a la Corte Suprema de Justicia, todo el esfuerzo de la crisis lo haya puesto la clase trabajadora.

En este sentido, es de vital importancia que ingrese cuanto antes el proyecto de reforma judicial impulsado por el presidente Alberto Fernández, dado que sin justicia social no habrá nunca equidad, pero sin un Poder Judicial independiente que imparta verdadera justicia, nunca habrá una verdadera democracia.

Alejandro Lamaisón