LA GUERRA Y LA PAZ

Opositores a los gobiernos neoliberales perseguidos por la justicia

El law fare a full contra opositores al neoliberalismo.

TEATRO DE OPERACIONES

Cuando en mayo de 2017 la Corte Suprema de Justicia falló a favor del dos por uno (resolución judicial que acortaba las penas a los ex represores), miles de argentinos salieron a las calles para rechazar tal decisión.

La protesta fue de tal magnitud que el superior tribunal  debió dar marcha atrás con el dictamen.

En este sentido, si tomamos en cuenta que hoy el presidente Alberto Fernández cuenta con más del 40 por ciento de apoyo popular, con una masa de trabajadores dispuesta sin duda a salir la calle en caso de ser convocada y con un conocimiento intelectual de la Constitución Nacional poco común debido a su profesión:

¿Por qué entonces no intenta desactivar de una vez por todas el law fare creado por Macri y toda la runfla judicial corrupta y mafiosa?

Simplemente bastaría con enviar un proyecto de ley al Congreso para hacer la depuración que corresponda y una vez aprobada en ambas cámaras, si la corte la declarara inconstitucional, el pueblo podría salir a la calle y repetir la misma gesta que repudió al dos por uno.

La cuestión parece fácil, pero no lo es.

LA GUERRA

El law fare que se instrumentó antes de diciembre de 2015 mediante una mesa judicial con la finalidad de perseguir opositores al mando de Mauricio Macri es un sistema completamente resistente a las armas institucionales de una democracia parlamentaria.

El funcionamiento de este cenáculo es similar al de la mafia calabresa: se actúa a través del miedo.

Ahora bien, si ya no está Macri ¿Cómo se hace para desarticular dicha mesa judicial?

Es lógico que no se pueda desarmar de un día para otro ya que hablamos de una estructura dentro del mismo poder judicial, cuyos integrantes cuentan con la impunidad de saber que ni el máximo tribunal ni los medios los pueden tocar.

Una manera factible sería que el Congreso dictara una ley que permitiera ampliar los integrantes de la Corte Suprema, para neutralizar de a poco la cabeza de un poder monárquico y cuasi mafioso.

Recordemos que en su momento Néstor Kirchner hizo lo suyo al pedir el juicio político a varios miembros de la Corte y éstos tuvieron que renunciar. Con este hecho no sólo se renovó al Tribunal Supremo, sino que permitió activar los juicios de lesa humanidad, hecho histórico y revolucionario que colocó al ex presidente en la cima de la lucha por los derechos humanos.

Otra manera es la iniciada por la Anses, que intimó a 220 jueces, fiscales y defensores que habían tramitado su jubilación para que renuncien y se jubilen de verdad o sigan en sus cargos y retiren el trámite jubilatorio, ya que es habitual que los miembros del Poder Judicial inicien sus procesos jubilatorios ante posibles juicios políticos. La reforma jubilatoria generó una ola de presentaciones para evitar la pérdida de privilegios.

En tal sentido, un presidente de la nación no está obligado a aceptar la renuncia de un juez. Si Alberto Fernández quisiera negar la renuncia de todos los jueces que al momento de solicitarla estén sospechados de algún delito puede hacerlo hasta que se terminen las investigaciones del caso.

Pero, según el ex juez Carlos Rozanski, esto implicaría enfrentarse a un poder judicial “corrupto, reaccionario, convalidador de dictaduras, conservador y mafioso”, acción que como sabemos, suele terminar históricamente con un gobierno acusado de fascista.

Rozanski reveló que el presidente de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, no sólo está acusado de visitar a Macri en la Casa Rosada en seis oportunidades para arreglas fallos, sino que además estuvo denunciado por golpear a su esposa. Las lesiones se constataron pero se lo sobreseyó.

¿Quién fue el juez que lo sobreseyó?: Remigio González Moreno, un juez que fue condenado a cuatro años de prisión por lesiones graves a su esposa.

Con esto se demuestra que el Poder Judicial es una “familia unida”, una robusta cofradía que sólo defiende sus propios intereses y los de su propia gente.

LA PAZ

Cuando Cristina presentó un proyecto de ley junto a Diego Molea, integrante del Consejo de la Magistratura por la parte académica para que la elección de los tres funcionarios (uno juez, otro abogado y otro académico) fuese a través del voto popular, la familia judicial puso el grito en el cielo y la Corte Suprema lo declaró inconstitucional.

¿Cómo puede ser que un plebeyo se atreva a inmiscuirse en los asuntos privados de la aristocracia judicial?- diría el máximo tribunal.

«Seguro que es una estrategia de la ex presidenta para zafar de las causas que tiene en su contra»- diría el monopolio mediático.

La lucha del presidente para normalizar la justicia es ciclópea  y de una complejidad poco común como para llevarla a cabo sólo, por lo que deberá contar con el apoyo de los poderes del Estado, de la ciudadanía, de los gremios y de las organizaciones sociales.

Si no lo logra, valió la pena el intento, pero si lo lograra con las armas de la Constitución Nacional, no sería nada exagerado postular a Alberto Fernández como candidato al premio Nobel de la paz.

Alejandro Lamaisón

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *