LOS LÍMITES DE LA JUSTICIA

Algo huele mal

Bajo la protección del Juez de quiebras Lorenzini y del Juez penal Ercolini, el holding empresarial Vicentin acaba de vender el frigorífico Friar al grupo financiero BAF Capital, pese a que la empresa “madre” se encuentra en convocatoria de acreedores.

Mientras tanto, los productores víctimas de fraude que le vendieron granos y nunca cobraron por un total de 25.657 millones de pesos  observan incrédulos como “la justicia” autoriza frente a sus propias narices el vaciamiento por goteo de la misma empresa que los  estafó.

Cuando se anunció que el Congreso trataría a la brevedad la aplicación del impuesto a las grandes fortunas, la prensa hegemónica sale a amenazar que la sociedad argentina va a pagar los costos de tal medida si los afectados por el impuesto recurren a la justicia.

De concretarse dicha afirmación implicaría una violación al principio republicano de la independencia de los poderes, situación que se viene dando con frecuencia desde que asumió el gobierno de cambiemos, en donde “Poder Judicial mata Leyes del Congreso”.

Pero lo más aberrante dentro de la llamada “Justicia a la Carta” es el lawfare judicial, un sistema utilizado por el juez Moro en Brasil y que consiste en meter presos a opositores sin sentencia alguna. Este sistema judicial de guerra fue el que utilizó  Cambiemos para amedrentar al tejido social, ya que cualquiera podía ser culpable hasta que se demostrara lo contrario. Se convirtió al juez Bonadío en Torquemada y a Comodoro Py en la inquisición.

La mesa judicial encargada de armar causas utilizando la estructura de la AFI, las escuchas ilegales, la extorsión de los detenidos arbitrariamente mediante el armado de causas, la designación de jueces sin la aprobación del senado y el intrincado funcionamiento del consejo de la magistratura, serán algunas de los aspectos a revertir por la ley de reforma judicial.

El pasado me condena

Cuando escuchamos a un enardecido presidente Alberto Fernández afirmar que Macri es la persona que más debería celebrar esta ley, es porque de esta forma el presidente le “está garantizando no hacer lo que él hizo con sus enemigos».

El mandatario apuntó contra su antecesor por la manera en la que utilizó la justicia federal para “perseguir a sus enemigos” durante su Gobierno y ratificó que “de ninguna manera retirará el proyecto de la Cámara de Diputados”, como lo pidió la oposición.

Cuando sectores reaccionarios de la oposición piden a gritos que Cristina vaya presa, se olvidan que la ex presidenta, ateniéndose siempre a derecho se presentó a 22 declaraciones indagatorias, 12 pedidas por Bonadío y 10 por Stornelli.

Por el contrario, Stornelli decidió no presentarse a prestar declaración indagatoria en el proceso judicial en el que está acusado, junto a otros, de formar parte de una asociación ilícita por extorsión y espionaje ilegal en la causa de las fotocopias de los cuadernos, en la que él es fiscal.

En búsqueda de la verdadera justicia

En definitiva, por mucho que la justicia siga figurando como uno de los principios sobre los que pretendemos hacer girar nuestra vida social, estamos lejos de acercarnos siquiera al concepto. Más bien parece que seguimos en una actitud infantil y egoísta, en la que llamamos justicia a tratar de realizar a toda costa nuestros deseos y necesidades.

Según Montesquieu, “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”. De esta frase se desprende que la ley no siempre coincide con la justicia y este ha sido uno de los grandes cuellos de botella para las sociedades modernas.

De ahí la importancia de promover y avalar las leyes justas y denunciar y derogar las injustas a través del debate parlamentario, tan requerido por el Frente de Todos y tan rechazado por una oposición que no asumió aún que, desde el 10 de diciembre, ya no está más en el poder.

Alejandro Lamaisón