OLOR A MUERTE EN TRIBUNALES

EL PRECIO DE ENFRENTAR AL PODER

Cualquiera de los tribunales que se enfrente al poder concentrado y a las corporaciones sabe que tendrá problemas serios, no sólo institucionales sino también personales, pues será perseguido por el establishment, por la prensa y principalmente por el  mismo poder judicial.

La prueba está en el persistente acoso que viene sufriendo Cristina Fernández por parte de varios jueces que, funcionando como títeres del poder hegemónico, perdieron su autonomía republicana y su integridad personal.

Desde el derrocamiento de Irigoyen, sólo hubo dos gobiernos en la Argentina que se atrevieron a modificar un modelo de dependencia y expoliación instaurado desde los  inicios de la democracia: Perón y Evita en el siglo XX y Néstor y Cristina en el siglo XXI.

Ambos fueron perseguidos y estigmatizados durante todo el tiempo que se requirió para volver a instaurar la dependencia de nuestro país al capitalismo extranjero y al FMI.

SIEMPRE EXISTIÓ EL LAW FARE

Aunque la palabra Law Fare aparece por primera vez en un artículo de 1975 para explicar que la verdad había sido sustituida por una especie de “guerra judicial”, en Argentina nace cuando el movimiento obrero se empieza a organizar bajo la conducción de un líder revolucionario.

En este sentido, el fenómeno “Law Fare”  es mucho más antiguo que la actual guerra contra el kirchnerismo y más político que del ambiente de tribunales, ya que significa la utilización de los procedimientos jurídicos como arma de desestabilización  de los gobiernos de tinte nacional y popular.

Ya en 1930, la Corte Suprema de Justicia emite su célebre Acordada legalizando la dictadura, reconociendo expresa e integralmente al gobierno de facto y la validez de todos los actos de sus funcionarios.

El poder judicial es parte del entramado hegemónico que impide que en Argentina y en la región sur las grandes mayorías o los sectores vulnerados puedan vivir mejor.

Esto sucede porque generalmente, el ámbito de la justicia está muy vinculado con la defensa de los intereses del poder económico y con sus fallos no han dado sino otro testimonio que la defensa de dichos intereses.

LOS GOLPES DEL PASADO

Hoy, los golpes de estado pertenecen al pasado ya que, a través de “golpes blandos” la justicia se arroga el poder absoluto de gobernar por sobre el ejecutivo y el legislativo, manifestándose generalmente cuando las leyes afectan a las clases dominantes en detrimento de sus privilegios.

Un DNU determina que la TV por cable y la conectividad es un servicio público esencial;  Clarín pide un amparo en la justicia; luego Clarín aumenta las tarifas cuando se le antoja.

El congreso promulga una ley que determina que los hipermillonarios paguen un impuesto por única vez ante la emergencia mundial ocasionada por el Covid; luego, casi cien contribuyentes presentan un recurso de amparo para no pagarlo gracias a la labor de los tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal.

El presidente emite un DNU para suspender las clases presenciales dado el aumento exponencial de contagios; luego la CSJ anula el decreto y autoriza al gobierno de CABA  a obligar a concurrir a clases a los estudiantes.

Esta actitud de boicotear todas las medidas que el gobierno del Frente de Todos decide tomar para intentar avanzar sobre las iniquidades sociales, no es otra cosa que el Law Fare que padecemos los argentinos desde los inicios de la democracia.

¿SERÁ JUSTICIA?

Las pueriles interpretaciones y explicaciones que dan algunos tribunales en contra de los DNU  actuales carecen de sustento ante la parafernalia de decretos infames que fueron avalados durante años por un poder judicial en decadencia.

Por decreto se indultó genocidas, se derogó la ley de medios, se remataron todas las empresas nacionales, se endeudó al país a 100 años, se vaciaron los ahorros de los jubilados, se acabó con la movilidad social ascendente y se puso en tela de juicio el verdadero valor de la Constitución Nacional.

Incluso, hace cuatro años, la honorable Corte Suprema de Justicia falló a favor del 2X1 para que los genocidas del Proceso salieran en libertad; una afrenta a la memoria, a la verdad y a la justicia que abochorna la condición humana de cualquier país.

Trabajar al servicio de los poderes concentrados puede atribuirse, quizá, al egoísmo propio de una clase privilegiada que jamás experimentó las angustias del ciudadano común.

Pero la bajeza de deslegitimar el poder político del presidente, en un momento en el que se lucha a brazo partido contra el peor enemigo que ha conocido el siglo XXI es de una perversidad comparable a la peor infamia cometida por un poder judicial cuya honestidad dejó de existir junto a la esperanza de una argentina democrática y con justicia social.    

Alejandro Lamaisón