MANIPULACIÓN DE LOS PRECIOS

En la Argentina de hoy la mayoría de los economistas coinciden en que el aumento de los precios no responde a un único motivo, sino que la inflación es multicausal y que la oferta y la demanda siempre se verá alterada ya sea por la intervención del Estado o por la excesiva tasa de ganancia que obtienen los grupos concentrados empresariales.

Precisamente, casi todos los sectores de la economía nacional están condensados en unas pocas manos lo que les permite la posibilidad de imponer precios abusivos en todas las ramas de la producción, convirtiendo a los consumidores en rehenes.

En la producción alimenticia, Molinos Río de la Plata aglutina el 80 por ciento con cinco marcas como Manera, Mattarazzo, Lucchetti, Don Vicente y Favorita. Dicha empresa, junto a Molinos Cañuelas concentra 82 por ciento de la producción de harina.

En la producción de acero, Siderar centraliza el 99 por ciento del mercado de chapa laminada en frío y el 84 por ciento de la misma en caliente.

En cemento, tres firmas controlan el 96 por ciento del mercado: Loma Negra, Minetti y Avellaneda.

En el sector petroquímico, PBB Polisur, propiedad de la transnacional Dow Chemical acapara el 93 por ciento del mercado.

Arcor concentra el 80 por ciento del mercado de galletitas y de golosinas y el 78 por ciento del de enlatados.

Bimbo se apropió del sector de panificación en un 70 por ciento y Coca Cola y Pepsi del 84 por ciento del mercado de gaseosas.

El sector azucarero pertenece a tres firmas con un 85 por ciento: Ledesma, El Tabacal y Valpafe.

Por último, cuatro empresas multinacionales se apoderan del 83 por ciento de los productos de limpieza. Ellas son Unilever, Johnson, Procter & Gamble y Reckit Benckiser.

En el sector de la comercialización, tres supermercados solamente llegan a vender una cifra cercana a la mitad de los alimentos y las bebidas que consumen los argentinos: Carrefour (que incluye Día, Cencosud, Jumbo, Disco y Supervea), Walmart, también dueño de Changomás y La Anónima que incluye Quijote.

Esta breve enumeración dejan en claro que estas empresas monopólicas que se pasan por el traste el artículo 42 de la Constitución Nacional y la ley 25156 de Defensa de la Competencia perjudican no sólo al consumidor, sino también hieren de muerte los derechos de otras empresas que no tienen el privilegio de tener un mercado cautivo.

PRECIOS DE REMATE

En este sentido, la decisión del gobierno de retrotraer los precios al 1 de octubre por 90 días de 1.432 productos de la canasta de consumo masivo ha sido una medida audaz para intentar detener la espiral inflacionaria producida, entre otras causas, por la presión oligopólica de las empresas alimenticias.

Cabe aclarar que la oposición política y mediática, aliada siempre con los sectores oligárquicos y el poder concentrado, puso el grito en el cielo cuando se enteró de esta acción aliviadora para los sectores populares.

Las explicaciones que dan a la sociedad es que jamás este tipo de intervenciones estatales dieron resultado, adjudicando exclusivamente la causa de la inflación a la emisión monetaria y escamoteando la gran responsabilidad de los oligopolios privados en el aumento desmedido de los precios.

Puede ser que esta medida no de resultado y que el enojo del electorado se exteriorice en las urnas quitándole el apoyo a un gobierno que intenta gobernar en el vórtice de una economía global diezmada por las secuelas de la pandemia.

Pero no debemos dejar de pensar que ese voto irá directamente a engrosar el poder de una derecha que espera agazapada para eliminar todo tipo de derechos laborales adquiridos por la clase trabajadora, entre ellos la indemnización por despido.

Será un “voto castigo” emitido por un electorado desencantado y anómico que ya no confía ni espera nada de sus gobernantes. Y en esta bronca incontenible, un irreparable “voto suicidio” rematará definitivamente nuestra soberanía al mejor postor.

Alejandro Lamaisón