REACTIVAR EL PLAN ATLANTA

Plan Atlanta

CONSPIRAR PARA DERROCAR GOBIERNOS PROGRESISTAS

Todo comienza en el año 2012 en un encuentro en la ciudad de Atlanta, Georgia, EEUU, en la que uno de los invitados al evento decidió  relatar  lo sucedido en aquella fatídica reunión.

Manolo Pichardo, diputado de la República Dominicana y además presidente la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina fue el único testigo que se atrevió a romper el pacto de silencio e hizo público, tanto el cónclave como las horrorosas intenciones destituyentes de sus invitados.

Pichardo asegura que el evento se realizó en torno a un plan sistemático para destituir a los gobiernos latinoamericanos de tinte progresistas, como Zelaya en Honduras, el vicepresidente Glass de Ecuador, el vice Raúl Sendic de Uruguay, Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Cristina Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador y Dilma y Lula en Brasil.

Fue así que jueces, fiscales, CEOS, ex presidentes latinoamericanos liberales y derechistas y gerentes de medios de comunicación  de todo el mundo se pusieron de acuerdo para la acción coordinada de desestabilización.

El proceso consistiría en dos pasos:

Primero iniciar una campaña de desprestigio contra los presidentes de orientación progresista para destruir su liderazgo. Para ello contaban con los medios de comunicación.

Segundo: Transformar las maniobras mediáticas en procesos judiciales que terminaran con los mandatos presidenciales sin recurrir al voto popular. Para ello contaban con los la complicidad del Poder Judicial de cada país.

Hay testimonio fehacientes que durante esta campaña Eduardo Duhalde fue invitado a EEUU a exponer y que también participaron de la National Endowement for Democracy, (ONG solventada por la CIA) para operar en la política regional,  Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña, Gabriela Michetti y Lilita Carrió.

Los resultados, durante casi ocho años de operaciones, fueron óptimos y todo lo que se propuso el imperio se logró.

Pero en la Argentina algo sucedió.

El candidato elegido por Estados Unidos y el establishment financiero fracasó rotundamente en su gestión, aun con el apoyo económico más grade de la historia del FMI. Y perdió la elección.

Fue por este motivo que la vida en democracia desde que asume Alberto Fernández  se encuentra asediada por fuerzas desestabilizadoras que responden exclusivamente a sus intereses pero que, con el apoyo mediático la disfrazan de legítimas demandas sociales.

El nuevo gobierno, tras asumir en medio de una pandemia mundial fulminante, intenta dentro de las estrategias republicanas manejar el embate de las fuerzas opositoras.

Las manifestaciones organizadas por un medio de comunicación que no quiere perder su hegemonía y la extorsión de una oposición que no acepta que perdió en las urnas intentan por todos los medios que el gobierno se debilite.

Todas las artimañas para generar la idea de un caos social son válidas para una derecha que ha demostrado a lo largo de la historia su desapego al ser nacional.

El proceso destituyente consiste en inducir a Alberto Fernández a que cometa errores en el manejo de la pandemia y en traer siempre el fantasma del estallido social, demostrado inequívocamente en las palabras del senador Ernesto Sanz: “¿Cuánto falta para que explote la Argentina”?

Si es verdad que Eduardo Duhalde estuvo presente en aquellas ominosas reuniones de Atlanta, debemos ser conscientes de que sus declaraciones quizá no estén tan “disociadas de la realidad”, como algunos medios intentaron establecer.

Y que la rebelión de las fuerzas policiales de esta semana no es una mera casualidad.

Alejandro Lamaisón

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