LA REFORMA JUDICIAL Y EL PERONISMO

Reforma judicial y peronismo

El peronismo y la lucha por una justicia independiente.

Hay una terrible confusión, exacerbada por el discurso dominante que ha borrado del imaginario social la tradición capitalista y burguesa del peronismo genuino.

Tal es así que se le ha endilgado al presidente Alberto Fernández prácticamente la intención de “tomar el Palacio de Invierno” cuando se niega a apoyar el golpe de estado en Bolivia, cuando critica la intromisión norteamericana en Venezuela o amenaza con intervenir en la gran estafa al Banco Nación de la empresa Vicentin.

El peronismo nació como un movimiento nacionalista burgués, sólo que tuvo el coraje de enfrentar al imperialismo yanqui en ascenso tras la segunda guerra mundial.

Para eso se apoyó en el movimiento obrero a  quienes les consiguió el aguinaldo y las vacaciones pagas, el salario mínimo vital y móvil, el estatuto del peón, el descanso semanal y los feriados de cumplimiento obligatorio, además de la estabilidad y la protección contra los despidos, la creación del fuero laboral, etcétera.

También  se construyeron enormes hospitales y complejos de viviendas populares, hoteles sindicales y colonias de vacaciones. Se nacionalizó la banca, se instituyó el IAPI (una nacionalización parcial del comercio exterior) y se crearon una importante cantidad de empresas públicas, como Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas o Gas del Estado.

Ninguna de estos logros tienen que ver con el comunismo, salvo en su esencia igualitaria.

Perón siempre repetía en sus discursos que: “Se ha dicho, señores, que soy un enemigo de los capitales, y si ustedes observan lo que les acabo de decir no encontrarán ningún defensor, diríamos, más decidido que yo, porque sé que la defensa de los intereses de los hombres de negocios, de los industriales, de los comerciantes, es la defensa misma del estado.”

La atrofia de la experiencia política que produce la posverdad ejercida por los medios hegemónicos impiden comprender que quienes quieren  dejar de pagar la deuda y romper con el FMI, nacionalizar la banca y el comercio exterior, reestatizar las empresas privatizadas y expropiar la tierra son banderas y consignas exclusivas de la izquierda, archienemigos históricos del peronismo.

Este borramiento de la historia reciente se lleva a la práctica mediante la estigmatización de cualquier persona que tenga un papel preponderante en el ejercicio del actual gobierno,  ya sea con verdades a medias o mentiras incomprobables a la brevedad.

En este sentido, el blindaje mediático, para proteger las tropelías de Mauricio Macri y sus propios intereses monopólicos,  ya comenzó a disparar  munición gruesa en contra de los integrantes del Consejo Consultivo para la reforma judicial.

Carlos Beraldi  fue designado para que Cristina no vaya presa.

León Arslanián, con sus antecedentes garantistas,  fue elegido para excarcelar a todos los asesinos y violadores seriales.

Raúl Ferreyra fue nombrado para acosar a los 36 jueces que fueron puestos por Macri por decreto sin aprobación del senado.

Jamás reconocerán que otros de los integrantes, como Inés Weinmberg de Roca fue candidata de Macri a la Procuraduría General  e integra  el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.

Tampoco mencionarán que Andrés Gil Domínguez, prestigioso constitucionalista reconocido en los ámbitos académicos, en la época de la ley de medios trabajó para favorecer al grupo Clarín.

Menos que menos destacarán la importancia de que por primera vez en la historia argentina habrá prácticamente paridad de género en los puestos importantes del sistema judicial.

Si lográramos tomar la distancia crítica de los medios hegemónicos y entendiéramos la importancia de una justicia emancipada de los poderes comunicacionales y políticos, no sólo estaríamos valorando la independencia del poder judicial, sino que estaríamos retomando definitivamente el camino iniciado en 1816 hacia una verdadera y definitiva independencia nacional.

Alejandro Lamaisón

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