¿Será justicia?

Contundencia de las pruebas

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena fue apartado de la causa en la que investigaba el presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri a políticos del oficialismo y la oposición, sindicalistas, periodistas y jueces. Esto habilita inmediatamente a las defensas a presentar un cúmulo de nulidades de todo el expediente y reclamos de excarcelación.

Esta medida no sufrió ningún tipo de apelación  ya que el juez Villena espera que todo siga su curso normalmente, ya que la causa está tan respaldada de pruebas contundentes (audios, filmaciones, etc.), que solamente falta encontrar el vínculo con el ex presidente de la nación y dos o tres funcionarios más. Es, para muchos abogados, una causa casi finalizada.

Aún si el expediente pasara a Comodoro Pi hay esperanzas de que el resultado sea condenatorio dado la alta carga de pruebas y de la posibilidad que da a jueces y fiscales que actuaron con dudosa institucionalidad durante el macrismo para redimirse con esta causa. Aún sin Villena no hay duda que todo sería encaminado por las vías que corresponden dado la gravedad del hecho de espionaje.

Según allegados a la causa, a Villena se lo aparta porque históricamente otorgó muchas eximiciones de prisión ya que no es un juez que se caracterice por las prisiones preventivas apresuradas.

En este contexto, la maquinaria mediática comenzó a trabajar en su plenitud para modelar nuevamente la opinión pública.

Argumentación falaz.

Un dicto simpliciter ad dictum secundum quid, es una falacia que se comete al aplicar, de manera impropia, una generalización a casos individuales.

Este tipo de falacias de argumentación son utilizadas a cada momento por los medios de comunicación dado que es imposible que una audiencia esté entrenada para detectarla.

Pero en el caso de Fopea y Adepa  la utilización de esta herramienta ha sido llevada al punto tal de descaro y cinismo que su propia argumentación ofendería al propio Diógenes.

En este sentido pasemos a develar este intento grotesco de desinformar a la ciudadanía con absurdos silogismos categóricos tan ramplones como la propia derecha que los sostienen.

Cuando un juez es acusado de mal desempeño, como el del caso Cóppola, no salen todos los jueces en patota a decir que hay una persecución hacia todos los jueces. Cuando un policía va detenido por gatillo fácil no salen todos los policías en grupo  a decir que son perseguidos. De la misma manera cuando Mangeri fue acusado de asesinar a Ángeles Rawson en el edificio del que él era encargado no salieron todos los porteros de la Argentina a decir que eran perseguidos.

Lo de Fopea y Adepa es una falacia absurda y total.

Como a “Pirincho” Majul se lo imputó en un principio de asociación ilícita por haber aceptado y difundido material ilegítimo a sabiendas y con ánimo de lucro y de encubrimiento agravado, salen todos los periodistas en jauría a decir que existe un atentado de este gobierno hacia la libertad de expresión.

Cabe aclara que la detenida Silvia Funes apodada “Mechi”, empleada del estudio de Pirincho”, confirmó que el material que se difundía provenía de la A.F.I.

Lo de Majul es simplemente un hecho de corrupción más, una pequeña mácula en un sistema judicial que se deteriora día a día a la espera de una reforma judicial adaptada a los tiempos que corren y ajena a los vaivenes de la política.

Jorge Lanata y todos los voceros del establishment dramatizaron este hecho y salieron a vociferar a los cuatro vientos que el gobierno de Alberto Fernández “pagaría un precio muy alto si mete preso a periodistas”.

La realidad demuestra que el costo de mantener un entramado de espionaje corrupto sería mucho mayor del que se tendría si no hay justicia de una vez por todas, ya que de nada vale la riqueza de un país si no existe la honestidad del poder judicial, paladín de la república y de la comunidad organizada. Un gobierno honesto tiene que actuar de acuerdo a la justicia más allá de los riesgos políticos que corra.

Y si no hay justicia de una vez por todas no evolucionaremos como país.

De hecho a derecho

Cuenta el juez Luis Carzoglio que el año pasado fue visitado por dos altos funcionarios de la AFI para convencerlo de poner preso a Pablo y Hugo Moyano por orden del presidente. Estos llevaban ya la sentencia escrita para que el juez la firmara. Este se negó y fue suspendido por un jury de enjuiciamiento.

Mucho se habla de la urgencia de la reforma judicial ya que nuestro sistema jurídico, basado en el derecho romano, italiano y francés, tiene muchas falencias respecto a otros países.

También se toma como referencia Inglaterra cuyo modelo sin leyes escritas se basan en el Common Law  y es respaldado exclusivamente por la confianza y honestidad que brindan sus jueces.

Pero de nada sirve una reforma del derecho si las personas que lo ejecutan carecen de rectitud y dignidad en los hechos.

¿Será Justicia alguna vez?

Alejandro Lamaisón